Cuatro exfuncionarios ediles son investigados por perjudicar al PVL por un monto de S/. 445.793

Municipalidad Provincial de Tumbes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tumbes) Cuatro exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Tumbes están siendo investigados por la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios por los presuntos delitos de corrupción.

Se trata de Pedro Octavio Mejía Reyes, Fernando Morán Lupú, Nicolás Antonio Lojas Gonzales (quien hasta el 2013 ejerció como procurador de la Municipalidad de Zarumilla) y la nutricionista Martha Gudelia Sosa Jiménez.

 

Pedro Octavio Mejía Reyes
    Pedro Octavio Mejía Reyes
Fernando Morán Lupú
Fernando Morán Lupú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolás Antonio Lojas Gonzales
Nicolás Antonio Lojas Gonzales
Martha Gudelia Sosa Jiménez
Martha Gudelia Sosa Jiménez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fiscal Jorge Andrés Nole Sócola, a cargo de las investigaciones, informó que el proceso se encuentra en la etapa de control de acusación, cuya audiencia fijada para esta mañana tuvo que ser reprogramada para el 13 de marzo.

Esta reprogramación se hizo debido a la inasistencia del abogado José Nole Núnjar -defensor de dos de los imputados- el mismo que sería quejado ante el Colegio de Abogados por el magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes.

Según las investigaciones, los imputados serían autores del presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio de la comuna de Tumbes, al haber incurrido en una deficiente administración del Programa Vaso de Leche (PVL).

En esa ocasión, los exfuncionarios habrían beneficiado al postor Segundo Baldomero Gonza Villalta, quien resultó ganador del proceso de adjudicación directa N° 002-2005-CEP-PVL-MPT, el cual se realizó con bases administrativas deficientes, admitiendo su propuesta técnica que carecía de los requisitos mínimos establecidos, además de no contar con el quórum reglamentario del Comité Especial.

Dicha buena pro se adjudicó por el monto de 445 mil 793.40 nuevos soles. Posteriormente, Gonza Villalta entregó un producto que no cumplía con los requerimiento técnicos establecidos en las bases, originando que los beneficiarios del PVL recibieran un producto que con tenía la calidad exigida por la norma.

Ante esto, el Ministerio Público ha solicitado seis años de pena privativa de la libertad para los exfuncionarios, la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos, y una reparación civil de 500 mil nuevos soles.

La fiscalía tiene un informe pericial contable donde se acredita que el perjuicio económico irrogado al Estado Peruano asciende a 445 mil 793.40 nuevos soles.

Además, existe un informe Especial de la Contraloría General de la República, que determina que se otorgó la buena pro a un postor cuya propuesta no cumplía los requerimientos técnicos, entre otras irregularidades.

 

 

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