Jueza declara improcedente el pedido de nulidad de la necropsia de Edita Guerrero

Edita Guerrero 2
La magistrada del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, Marleny Bustamante Vásquez, declaró improcedente la solicitud de nulidad absoluta e insuficiencia del protocolo de autopsia oficial, que se le practicó al cuerpo de Edda Guerrero Neyra. Este pedido había sido solicitado por Ángel Infante Carmen, abogado de Paul Olórtiga Contreras.

Infante Carmen señaló que la pericia había sido practicada sólo por la perito Rosario Medina Aparcana, la misma que no ostenta la especialidad de médico legista. Además, afirmó que no se les dio la oportunidad para contratar un perito de parte.

Por el contrario, la fiscal Victoria Allemant, precisó que la necropsia se hizo con cuatro peritos; dos médicos legistas, un odontólogo forense y un biólogo forense.

Del mismo modo, informó que se le notificó a la defensa de Olórtiga Contreras, la fecha de la exhumación del cadáver, con una semana de anticipación; sin embargo, la defensa no solicitó la suspensión de dicha diligencia. Por el contrario, solicitó un procedimiento que no correspondía.

En mérito a ello, la magistrada del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, a través de la Resolución N° 2, señala que la finalidad de la tutela de derechos es controlar judicialmente la constitucionalidad de los actos de investigación practicados por el Ministerio Público y, en algunos casos, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, la cual busca el restablecimiento de los derechos vulnerados del imputado.

Asimismo, indica que los derechos protegidos a través de tutela son los que se encuentran en el artículo 71° del Código Procesal Penal, el cual precisa que los requerimientos o disposiciones fiscales que vulneren los derechos fundamentales constitucionales, pero que tienen vía propia para la denuncia o control, no podrán cuestionarse a través de la audiencia de Tutela de Derechos, como es el caso de la nulidad planteada por la defensa de Paúl Olórtiga Contreras.

En ese sentido, dicho pedido no resulta apta para alcanzar ese propósito, más aún cuando la validez o ineficacia de los medios probatorios o elementos de convicción podrán ser cuestionados por el imputado en la etapa correspondiente.

Además, la jueza agrega que la doctrina nacional se ha pronunciado al respecto, indicando que no procede el ejercicio de la tutela de derechos, cuando se persigue que se declare ineficaz o sin valor probatorio un elemento de convicción, entre otros, existiendo para ello una propia vía de control respectivo.

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