Prisión preventiva contra Santos se fundamentó en informe de Contraloría

Contraloría General de la República

La decisión de ordenar la prisión preventiva contra el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, se fundamentó en el informe de la Contraloría General de la República, que detectó once casos de presunta corrupción en obras por un monto de S/. 130 millones. 

Esta entidad confirmó este hecho luego de que la acción de control en el Gobierno Regional de Cajamarca encontrara presuntas irregularidades que involucrarían al titular de dicha entidad, varios funcionarios y contratistas del Estado.

La Contraloría General de la República presentó el año pasado el Informe Especial N° 669-2013-CG/ORCA-EE, el cual señala que durante el período 2011 y 2012, el presidente regional de Cajamarca autorizó la transferencia de más de S/. 600 millones a la unidad ejecutora Proregión, con la aparente finalidad de ejecutar diversos proyectos de inversión pública a nivel regional.

No obstante, luego de la revisión a los archivos de Proregión, se evidenció la existencia de múltiples irregularidades en once procesos de contratación de obras y servicios (construcción y remodelación de hospitales, obras de electrificación, muros de contención, entre otros) que representan una inversión de S/. 130 millones que se habrían utilizado de manera irregular.

Las empresas contratistas beneficiadas en esos once procesos irregulares, tienen nexo con un empresario vinculado al titular del gobierno regional.

En base a los resultados de la acción de control, en conjunto con las investigaciones del Ministerio Público, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso en el mes de mayo de este año formalizar y continuar investigación preparatoria contra Santos.

También se dispuso las investigaciones a varios funcionarios públicos y contratistas del Estado, por el delito de colusión agravada y simple, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y genérico, y falsa declaración en procedimiento administrativo.

La participación de ambas instituciones ha permitido encontrar numerosos indicios de la comisión de los delitos denunciados, luego de las investigaciones realizadas que incluyeron el levantamiento del secreto bancario y la reserva de las comunicaciones.

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